Tres de cada cuatro alumnos investigados revelaron irregularidades en los cursos

A primeros de mes, un grupo de policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desplazados desde Madrid se instalaron en un despacho de la comisaría malagueña para llevar al terreno el ‘caso Edu’, en el que se investiga un supuesto fraude en cursos de formación para desempleados con compromiso de contratación subvencionados por la Junta.

Durante una semana, los agentes tomaron declaración en toda la provincia a más de 200 personas cuyos nombres y apellidos aparecían entre los asistentes de los ciclos formativos bajo sospecha. Según ha podido saber SUR, tres de cada cuatro alumnos manifestaron posibles irregularidades en los cursos que, supuestamente, habían realizado.

Los interrogatorios arrojaron un dato relevante para la investigación. Los testimonios recabados por la policía durante esa semana revelaron indicios de irregularidades en el 80% de las empresas investigadas en la primera fase del ‘caso Edu’, que se centra por el momento en una veintena de pymes, todas ellas de Málaga, salvo una de Granada y otra de Cádiz.

Los agentes de la UDEF descubrieron una casuística variada en las declaraciones. El caso más extremo que detectaron fue el de algunas personas que, al ser citadas por la policía, ni siquiera sabían que estaban apuntadas a los ciclos formativos, según explicaron las fuentes consultadas.

También se dio el caso de supuestos alumnos que habían obtenido la titulación sin haber dado ni una hora de clase a cambio de prestar su nombre y firmar ante notario su rechazo al puesto de trabajo presuntamente ofertado. Hay que recordar que los cursos se subvencionaban con un compromiso de contratación -directamente con la empresa que los impartía o con un tercero- del 60% de los asistentes durante un periodo mínimo de seis meses.

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