Policía y Guardia Civil pugnan por investigar los cursos de formación

La policía y la Guardia Civil pugnan por las 12 investigaciones abiertas sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta. La pelea es cada vez más agria, menos soterrada y aflora en paralelo a las disputas judiciales que previsiblemente resolverán los órganos superiores a los jueces de instrucción (Audiencias provinciales y Tribunal Superior de Justicia). Mientras que la juez Mercedes Alaya arropa a la Guardia Civil para que esta acapare la docena de causas y revise el monto global de las ayudas —estimado en más de 3.000 millones en más de una década—, la policía lleva desde hace más de dos años investigando las ayudas concedidas por las delegaciones provinciales, y considera una afrenta intolerable ceder las pesquisas ya iniciadas al otro cuerpo policial.

La herida está aún fresca y escuece. Hace ya tres años que Alaya apartó a la policía del caso ERE, una medida que supuso un enorme agravio comparativo entre ambos Cuerpos de Seguridad, cuyos mandos mantienen un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unificó las dos direcciones generales en 2006. Y como llueve sobre mojado, la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la policía ve cómo el riesgo de ceder las diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) es cada vez más real, ante las peticiones de Alaya para que los agentes a sus órdenes centralicen todos los indicios de fraude contra la Administración autonómica. La policía inició la Operación Edu hace ya dos años y siguió junto a la Fiscalía de Málaga, mientras que la Guardia Civil tomó declaración a un funcionario de la Formación Profesional de la Junta en el verano de 2013. Tras analizar diversos indicios y avanzar en la instrucción, la juez Alaya abrió su nueva macrocausa sobre la formación el marzo pasado.

Los planteamientos están claros y no admiten medias tintas, aunque de manera oficial ambos cuerpos policiales rechazan pronunciarse sobre la polémica. Pero mientras que la Guardia Civil lo ha expresado a través de informes aportados a la macrocausa de la formación de Alaya, los sindicatos policiales ponen el grito en el cielo ante la supuesta injerencia de sus funciones. “Por operatividad policial, es contraproducente retirar a quien ha iniciado las investigaciones porque conocen el origen y las fuentes para canalizar con éxito la investigación. Es ilógico y contraproducente retirar a una Brigada que ha tenido tantos éxitos en investigaciones parecidas”, denuncia Serafín Giraldo, portavoz del sindicato de la policía UFP. Para Giraldo, la investigación de la Guardia Civil incumple la Ley 2/86 de Cuerpos de Seguridad que establece la competencia de la policía para grandes ciudades y de la Guardia Civil para los pueblos “precisamente para evitar conflictos de competencias como este”. Y subraya: “Tanto Alaya como la Guardia Civil, aparte de vulnerar preceptos legales, pueden entorpecer investigaciones ya iniciadas. Es ilógico que la Guardia Civil, un cuerpo destinado a que se cumplan las leyes, vulneren las propias leyes que rigen sus actuaciones”.

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Posted by admin on Oct 28 2014. Filed under ACTUALIDAD, CIENCIA, ECONOMÍA, NACIONAL, REGIONAL, SOCIEDAD, ÚLTIMAS NOTICIAS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry